La Pelea que Precedió el Escándalo en Santiago del Estero

Desde que estalló el escándalo de corrupción que el lunes pasado llevó a la cárcel el destituido intendente de esta ciudad, Julio Alegre, buena parte de los dirigentes políticos de esta provincia están convencidos de dos cosas. La primera es que el funcionario jamás podrá justificar el feroz aumento de su patrimonio. La segunda, que el veloz avance del caso es resultado de una sorda batalla en la cúspide del poder provincial.
Los protagonistas excluyentes de la disputa son el propio Alegre, que también presidía el comité Capital de la UCR y de la convención provincial, y el gobernador Gerardo Zamora, el más leal de los radicales K y líder indiscutido del distrito. Los dos mantuvieron una estrecha alianza durante años y, hasta hace sólo dos semanas, transitaron codo a codo la campaña que culminó con un claro triunfo del oficialismo en la provincia.
Pero, según comentarios coincidentes de dirigentes opositores y de abogados que intervienen en la causa contra Alegre, la relación se había deteriorado en los últimos meses, cuando el gobernador comenzó a sospechar de una futura traición: Alegre planeaba ser reelegido el año próximo y pelear la gobernación en 2013, ante la imposibilidad de una nueva reelección de Zamora.
"Lo que está haciendo el juez es una medida de finalidad política, que tiene por objetivo sacar de la cancha a Alegre. El gobernador es peor que el intendente. Pero taparon todo hasta después de las elecciones y ahora pusieron a un nuevo intendente que es dueño de empresas constructoras", denunció a LA NACION el ex senador José Zavalía, mentor político del gobernador y del ex jefe comunal.
Con él coincidieron Francisco Cavallotti, diputado provincial y heredero político del ex gobernador Carlos Juárez, y Chabay Ruiz, un ex radical que dirige el vecino municipio de La Banda. "Zamora no puede decir que no sabía nada de lo que hacía Alegre. Lo grave es que haya quienes tienen el poder de tapar o de desnudar cualquier descarrío", sostuvo Cavalotti. "La lógica es perversa. Pero se sabe que Zamora quería bajarlo a Alegre ahora para que no se lanzara como candidato a intendente primero y para gobernador después", consideró Ruiz.
Luego de una larga y compartida militancia bajo las órdenes de Zavalía, al que luego traicionaron, los destinos políticos del gobernador y del destituido intendente quedaron soldados en febrero de 2005, cuando Zamora, entonces intendente de la capital, ganó las elecciones para gobernador, luego de la intervención federal que siguió a la caída de los Juárez. El elegido para terminar su mandato en el municipio fue Alegre, hasta entonces presidente del Concejo. Destino común
Un año después, cuando Zamora ya se había afianzado en el poder provincial a partir de su alianza con Néstor Kirchner, Alegre ganó las elecciones para seguir como intendente hasta 2010. Las fotos del cierre de campaña de las últimas elecciones los mostraron juntos, arriba del acoplado de un camión en el que recorrieron las calles de esta ciudad. El día anterior, habían recibido, también juntos, a la presidenta Cristina Kirchner.
Lo que no mostraban las imágenes era el creciente recelo que habían generado algunos gestos de independencia de Alegre. El último fue en marzo, luego de las elecciones de Catamarca en las que Zamora había trabajado para el kirchnerismo. Alegre celebró el triunfo del gobernador Brizuela del Moral, como había hecho el año pasado con el voto "no positivo" de Julio Cobos. El ex intendente mantenía buena relación con el senador Emilio Rached, personaje clave de esa sesión en el Senado, que votó en contra de los deseos del gobernador.
Ante la catarata de pruebas que reunió el juez Gustavo Herrera contra el ex intendente, nadie se atreve a defender a Alegre ni a negar su enriquecimiento ilícito. Pero son varios los que advierten sobre los tiempos "extraños" de la causa, que sólo apuntó contra el ex intendente tras las elecciones del domingo 28.
El expediente judicial se inició el 15 de mayo, luego de la detención de César Villalba, un cadete de la municipalidad que había cobrado un cheque por $ 15.000 emitido por la Secretaría de Obras Públicas. El arresto lo hizo la policía provincial, sin orden judicial ni causa abierta ni denuncia previa, cuando Villalba regresaba al municipio con el dinero, aunque esta práctica se había repetido varias veces durante el último año.
Uno de las declaraciones que desencadenó los allanamientos en las propiedades de Alegre, el viernes 3, fue la del ex secretario de Obras Públicas municipal Marcelo Bustos, removido en mayo, tras la apertura de la causa. Lo extraño es que el juez sólo citó al ex funcionario después de las elecciones, pese a que Bustos ya había involucrado a Alegre en mayo.
Como todos los jueces de la provincia, Herrera fue nombrado en forma interina, por decreto de Zamora, sin aprobación de la Legislatura. Ahora integra una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura local para ascender a la Cámara del Crimen.

FUENTE: diario LA NACION
AUTOR: Gabriel Sued Enviado especial