La Educación Pública no es como el Clorazepam por José Natanson

La Educación Pública no es como el Clorazepam

por José Natanson
 
 
La educación pública ocupa en Argentina un lugar diferente,  mucho más central, que el que ocupa en el resto de los países latinoamericanos.  Como cualquier macrotendencia histórica, ésta también se explica por una serie  de factores de largo plazo. Hay que señalar, en primer lugar, las  características de un país socialmente más integrado que sus vecinos, con  amplias y orgullosas clases medias y acostumbrado a las fuertes pujas por la  ampliación de derechos, del yrigoyenismo al peronismo, en donde la educación  pública funcionó, al menos durante un siglo, como el principal vehículo para la  movilidad social ascendente.
 El segundo factor es el peso de la inmigración. Argentina es, después de  Estados Unidos, el país americano que más inmigrantes recibió entre fines del  siglo XIX y principios del XX. Según el censo de 1895, la población extranjera  constituía el 30 por ciento del total. Al principio fomentada por capitalistas  privados, con el paso del tiempo comenzó a ser alentada por el Estado, que por  esos mismos años se consolidaba en términos políticos y financieros. Y es que la  inmigración fue un proyecto político-económico pero también cultural, concebida  por líderes como Alberdi y Sarmiento como una forma de dejar atrás la barbarie  rosista. Esto le daba un lugar central dentro de un amplio ensayo refundacional  que apuntaba a borrar el pasado, algo que no era considerado necesario en otros  países, por ejemplo en Brasil, donde las elites republicanas, continuidad  política y en muchos casos familiar de las elites imperiales no tenían esa  necesidad de establecer hiatos históricos tan definidos.
 La educación pública fue, junto al servicio militar obligatorio, la principal  vía elegida por las elites ilustradas de aquel entonces para integrar la Nación  a ese conjunto heterogéneo de personas, consideradas potencialmente peligrosas  por las ideas anarquistas y socialistas que muchas de ellas traían en las  terceras clases de los barcos. Por eso, aunque los historiadores nac and pop  tienen toda la razón cuando dicen que la Argentina del Centenario era una  Argentina excluyente y autoritaria, fundada sobre la masacre de los indígenas y  el fraude, también habrá que reconocer que allí estaban las bases de un sistema  educativo que con el correr de los años permitiría ir asimilando de manera  asombrosamente pacífica a millones de inmigrantes internos y externos (y que en  cierto modo quizá lo siga haciendo: la escuela pública es hoy el lugar de  contención social y sociabilidad cultural de los "nuevos inmigrantes" llegados  de los países vecinos).
 El sistema educativo, que durante un siglo operó como un potente cohesionador  social, contuvo pero no evitó las tendencias a la fragmentación social  registradas desde mediados de los '70. De hecho, el propio sistema fue uno de  los objetivos de la ofensiva reformadora en clave neoliberal que se inició  durante la dictadura y se completó en los '90. En 1978 se transfirieron a las  provincias 6700 escuelas primarias nacionales y quince años después, en 1992, se  completó la estrategia mediante el traspaso de 3578 escuelas secundarias  (incluyendo las escuelas técnicas y las privadas con subsidio).
 La idea, a tono con las sugerencias descentralizadoras de los organismos  internacionales, era acercar a los responsables del manejo de la educación con  los usuarios y fomentar la participación comunitaria, aunque detrás de ello se  escondían otros objetivos. Como escribieron Myriam Feldfeber y Analía Ivanier  ("La descentralización educativa en la Argentina", Revista Mexicana de  Investigación Educativa, Vol. 8, Nº 18), "se trató básicamente de una política  de transferencia impulsada por objetivos fiscales dentro de la reforma del  Estado". Daniel Filmus ("La descentralización educativa en Argentina: elementos  para el análisis de un proceso abierto") coincide: "A pesar de contar con pocos  estudios, es posible proponer que las perspectivas economicistas y tecnocráticas  fueron privilegiadas en el proceso de transferencia. La desatención por parte  del Estado nacional, sumada a la desigualdad de las situaciones regionales,  provocó la profundización de la segmentación educativa". En suma, una reforma  impulsada por objetivos macroeconómicos antes que pedagógicos o de equidad y  cuyo resultado fue una brecha más profunda.
 Paralelamente a su desarticulación como un sistema nacional, la educación  pública comenzó a ser puesta en cuestión por dos motivos adicionales.
 El primero es la tensión entre la importancia que se le asigna al sistema  educativo y un mundo cultural que se construye por fuera de ese sistema, que lo  discute o lo desprecia, más ligado a los medios audiovisuales, las nuevas  tecnologías y las distintas formas de expresividad. Hoy los jóvenes se forman en  la escuela pero también en la televisión e Internet y la sensación es que el  Estado no sabe bien qué hacer con esa nueva realidad.
 El segundo motivo es la tensión entre la ampliación de la cobertura educativa  y las dificultades del mundo laboral. Sucede que, pese a todos sus problemas, la  educación pública ha avanzado en las últimas décadas, incluso durante los '90:  en la Argentina actual la educación inicial es prácticamente universal y  persisten pocos y muy reducidos bolsones de analfabetismo (en áreas rurales de  las provincias más pobres, El Impenetrable chaqueño por ejemplo). La tasa de  cobertura de la escuela secundaria también ha mejorado y, según los últimos  datos, llega a 79 por ciento de la población, aunque es probable que haya  aumentado aún más como consecuencia de la Asignación Universal.
 Estos avances no han sido acompañados por mejoras sustantivas en el mercado  laboral. Por el contrario, el mundo del trabajo se ha achicado y deteriorado. En  2007 –último período para el cual se dispone de datos del Indec–, la  desocupación joven era del 24 por ciento, más del doble de la general (10 por  ciento) y tres veces la de los adultos (7 por ciento). Un informe del  Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, realizado por Eduardo Donza  y publicado el año pasado, sostiene que el desempleo juvenil (16 por ciento)  duplica el de los adultos (8 por ciento). Y no se trata sólo de mayores tasas de  desempleo, sino también de peores trabajos: si la informalidad y la falta de  cobertura social afectan a 45 por ciento de los trabajadores adultos, en los  jóvenes, según los datos de la UCA, llega al 64.
 Como tienen menos antigüedad y el costo por despido es menor, los jóvenes son  los primeros en quedar sin sus puestos cuando baja la actividad económica. Y  como aceptan trabajar por menos dinero, suelen caer actividades que funcionan en  el marco de la informalidad, con baja productividad y una importante rotación,  como el comercio, la construcción o los servicios personales, tal como describe  Laura Meradi en las luminosas crónicas reunidas en Alta rotación. El trabajo  precario de los jóvenes (Tusquets).
 La fórmula más educación-menos trabajo es explosiva. Como alerta el Informe  de Desarrollo Humano del Mercosur elaborado por el PNUD, "si la educación es un  territorio de expansión de derechos, el trabajo lo es de vulnerabilidades, de  incertidumbre y de ausencia de ciudadanía. Esta amenaza de exclusión se presenta  como más insoportable, producto de las mayores expectativas de movilidad social  generadas por la inclusión educativa. Esta brecha es el núcleo de un malestar  juvenil que puede provocar cierto grado de fatalismo sobre el futuro". Habrá que  buscar también allí las causas del malestar con la democracia y del ánimo  antipolítico que prevalece entre los jóvenes.
 Vamos ahora a la Argentina actual, donde los estudiantes secundarios  mantienen tomados algunos colegios porteños en un reclamo minimalista: ni la  revolución social ni el fin del capitalismo y ni siquiera más presupuesto;  simplemente que se ejecuten las partidas asignadas. En este contexto, la  educación pública vuelve al centro del debate y los locutores conservadores se  indignan por la actitud de los "chicos", mientras los progresistas despotrican  contra la política educativa de Macri (que obviamente es mala, pero a quien  habrá que reconocerle que nunca prometió otra cosa: más allá de alguna mención  dispersa a la necesidad de garantizar los 180 días de clases, la educación no  fue uno de los ejes de su campaña, centrada sobre todo en la inseguridad y el  desplazamiento urbano –tránsito, subtes, caos piqueteril–).
 Pero el dato saludable –la educación otra vez en debate– no debería  confundir. Por los motivos reseñados al comienzo de esta nota, la educación  pública ocupa un lugar central en la historia argentina. Sin embargo, conviene  tener cuidado con la idea de que es la solución final a todos los males del  país. En realidad, no existe nada, ni en política ni en la vida, que lo resuelva  todo (salvo quizá las pomadas chinas de mentol y el clorazepam, pero con  resultados transitorios y peligrosamente adictivos).
 La educación pública puede ser un igualador de oportunidades, pero nunca un  nivelador social automático. Los problemas del mercado laboral, en el marco de  una economía que excluye sistemáticamente a un porcentaje importante de la  población, no se resuelven con mejores escuelas. Incluso más: si se piensa bien,  esta forma de mirar las cosas, muy noventista, pone la carga de la prueba sobre  la víctima (que tiene la obligación de estudiar y formarse) en lugar de ponerla  sobre el victimario (un sistema económico incapaz de absorber a toda la masa  laboral, por más educada que esté). El caso más claro es Cuba, con sus  neurocirujanos taxistas y sus sociólogos maleteros, un modelo que hace años no  funciona y que ahora que Fidel ha dado luz verde tal vez podamos empezar a  discutir.